Canciller Jorge Arreaza. / Foto: CORTESIA eluniversal.com

11 Mar, 2021 | Caracas.- Venezuela consideró que la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe que “carece de veracidad y fundamentación lógica”, indicando que no está debidamente sustentada en fuentes fidedignas y se hace con la intención de opacar los logros alcanzados por el Gobierno nacional en materia de Derechos Humanos, destaca el portal web de noticias eluniversal.com

En este sentido, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, resaltó la respuesta del embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la presidenta de esta instancia, María Viñas.

Arreaza en su cuenta Twitter escribió que “ante las falsedades de la supuesta Misión de Determinación de Hechos, nuestro Embajador ante el Consejo de Derechos Humanos da una extraordinaria respuesta. Venezuela no reconoce esa Misión ideologizada, que inventa informes a distancia de manera anti-ética”.

Este miércoles la Misión reiteró sus denuncias sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por funcionarios policiales y efectivos militares en nuestro país, revelando que “en lo que va del año ha contabilizado más de 200 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales”.

Misión de la ONU: se agrava la persecución contra la disidencia y ONG

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó este miércoles una ampliación de su informe, en la cual expresó preocupación ante lo que consideran el agravamiento de la “exclusión de las voces disidentes” marcada, según señalan, por la “represión de la oposición política”, acusaciones que el gobierno venezolano rechaza, destaca el portal web de noticias cnnespanol.cnn.com

En su declaración ante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la presidenta de esa Misión, Marta Valiñas, precisó que ya habían presentado estas preocupaciones en su primer informe, emitido en septiembre de 2020. Sin embargo, añadió que consideran que la situación se ha agravado luego de que, según su consideración, aumentara la concentración de poder por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

La experta de la ONU recordó que las elecciones se evaluaron a nivel nacional e internacional como “injustas y carentes de libertad”. El partido de gobierno obtuvo más de 90% de los escaños de la Asamblea Nacional.

Señaló que entre las primeras acciones de ese parlamento, de mayoría oficialista, se destaca la conformación de una Comisión Especial para investigar a los anteriores representantes del Poder Legislativo, de mayoría opositora.

También se refirieron a la continuación de un juicio contra el exdiputado Juan Requesens, acusado de homicidio calificado frustrado contra el presidente, en el marco de un presunto intento de magnicidio realizado con drones el 4 de agosto de 2018.

Valiñas advirtió que la represión continúa contra personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno.

“Continúan procesos penales contra más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares”, dijo.

Consideró que ese concepto de “enemigo interno” es cada vez más amplio. Además expresó preocupación ante lo que perciben como una “tendencia creciente a perseguir personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y Derechos Humanos”.

Aseguró que el gobierno ha endurecido requisitos para el registro, el financiamiento y el funcionamiento de las ONG. También resaltó que han detenido a trabajadores de estas organizaciones por delitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

La experta informó que desde el comienzo de este año han identificado más de 200 asesinatos cometidos supuestamente por las fuerzas policiales. Dijo además que investigan las circunstancias en las que sucedieron.

Valiñas afirmó que continuarán investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles. Esto incuye nuevas denuncias recibidas sobre “actos de violencia sexual y de género contra personas detenidas”.