10 May, 2021 | Las cosas no andan bien para el régimen de Maduro. A pesar del cerco que vienen tendiendo a la sociedad civil organizada hostigando, persiguiendo y encarcelando a directivos de organizaciones no gubernamentales (ONG) y colocando trabas y obstáculos para su funcionamiento y financiamiento, estos entes mantienen su capacidad de lucha y liderazgo en todo el país.
El régimen ha ordenado que las ONG, s deben registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo criminalizando a organizaciones que cumplen labores humanitarias que van desde la defensa de los derechos humanos, lucha contra enfermedades, y otros nobles objetivos de acción social para los sectores màs vulnerables.
También ha ordenado a la Superintendencia de Bancos (Sudeban) fiscalizar sus transacciones financieras con el objeto de “detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.”
Toda esta política de retaliación y venganza contra las Ong, s tiene mucho que ver con las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen donde destacan los crímenes contra Juan Carlos Pernalete, el concejal Fernando Albàn , el capitán Acosta Arévalo y Oscar Pérez y su grupo.
Tan es así, que Tarek William, Fiscal impuesto por el régimen, quien había negado la participación de agentes policiales y militares del régimen en esos crímenes, ahora “abre averiguación” sobre estos hechos e imputa a varios funcionarios por estos monstruosos sucesos, tratando de encubrir la responsabilidad de los jerarcas del régimen. Michelle Bachelet, Alta Comsionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela denuncia graves violaciones y atropellos cometidos por el régimen de Maduro e igualmente la Misión Internacional de los Hechos de la ONU.
En todas estas denuncias han participado de forma directa o indirecta las organizaciones no gubernamentales asentadas en el país, de allí la política de venganza de Maduro contra ellas.
Aquí, nadie puede negar el significativo papel de las ONG; S como fuente constante de acción social a favor de las comunidades más humildes llevando alimentos y medicinas y combatiendo enfermedades, porque en este país se vive en condiciones precarias en alimentación y salud y es evidente que la labor de estas organizaciones deja en evidencia a un Estado incapaz de satisfacer las necesidades mínimas de la población.
Tamara Taraciuk, Subdirectora para las Américas de Human Rights Wattch declaró: “El informe es importantísimo. Es una acusación bien hecha sobre la participación de altos niveles del gobierno de Maduro en crímenes de lesa humanidad. El Informe permite abrir la puerta para que haya justicia a nivel internacional. Y la Corte Penal Internacional tiene la facultad de investigar y sancionar a personas individuales. Y Maduro está hoy en la mira.”
Un minuto de Transparencia: “La corrupción lleva infinitos disfraces”. Frank Herbert.