15 Jul, 2021 | En Colombia, lo que hizo fue acelerar un proceso de expresión pública del descontento acumulado durante décadas a partir del pasado 28 de abril, luego de un paro nacional convocado en contra de una reforma tributaria que pretendía “meterle la mano en el bolsillo”, a una clase media emergente y a sectores populares con relativo poder adquisitivo.

Ese paro actuó como detonante para que se activaran diferentes sectores sociales, de diversa naturaleza para por fin protestar coordinadamente, contra un estado concebido para preservar los intereses de una minoría acaudalada económicamente y acomodada políticamente, en detrimento de los intereses de la inmensa mayoría de los nacionales del vecino país.

Comenzó así un sacudón social, como lo llaman por esos lados, que se pretendió subestimar estigmatizandolo como una operación con tentáculos internacionales dirigida por el presidente Nicolás Maduro. Apelaron nuevamente a la coartada utilizada cada vez que la situación se les escapa de control.

El presidente Duque, el ex presidente Pastrana, la vicepresidenta y canciller Ramírez y uno que otro integrante del “orfeón internacional”, como el ex presidente de Ecuador, Lenin Moreno, corearon la conseja.

Pero resulta que no, que el paro siguió y aún continúa, a pesar del cerco mediático internacional del cual es víctima, y todo parece indicar que hasta ejercerá alguna influencia en las elecciones presidenciales del próximo año.

Pero la terca realidad se ha venido imponiendo y las denuncias realizadas contra el jefe de estado venezolano, se han revertido implacablemente en contra del establecimiento de la hermana república, que ahora aparece implicado en cualquier cantidad de actividades contrarias al derecho internacional público, muchas de las cuales pueden llegar a ser calificadas como delitos de lesa humanidad.

A quedado en evidencia que el territorio colombiano está siendo utilizado desde hace un buen tiempo ya no solo para cultivar y procesar la mayor parte de la cocaína que se consume en el mundo, tal y como lo evidencia claramente el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés), del pasado 25 de junio, el cual señala que Colombia presentó un aumento del 15% en los cultivos de coca en 2020, al registrar 245.000 hectáreas de cultivos de coca, frente a las 212.000 hectáreas de 2019, sino que además, ahora sirve de campo de entrenamiento de mercenarios para desestabilizar la economía y los gobiernos en otros países.

Más grave aún, para promover invasiones como la Operación Gedeón contra Venezuela en mayo del 2020, guerras y hasta el magnicidio de presidentes como el reciente asesinato del presidente de Haití, en su propia residencia.

Tal y como lo denunció el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien afirmó que “Colombia se ha convertido en epicentro de exportación de mercenarios para generar acciones desestabilizadoras tanto en Venezuela, como en otros países”.

No es cualquier cosa que 26 colombianos sean señalados por las autoridades haitianas de haber participado en el asesinato del presidente, Jovenel Moise, y que Bogotá reconociera que al menos 17 de sus ex militares están presuntamente implicados en el ataque, 15 de los cuales fueron capturados y dos abatidos por fuerzas haitianas del orden público.

La supuesta participación de mercenarios colombianos pone en evidencia un lucrativo mercado transnacional, y como explicó a AFP el investigador de fenómenos criminales de la Universidad de Illinois en Chicago, Jorge Mantilla, "hay una gran experiencia en términos de guerra irregular (....) el soldado colombiano está capacitado, tiene experiencia en combate y además es una mano de obra barata".

En ese orden de ideas también declaró el coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), “cada año salen de nuestras filas del ejército colombiano entre 15.000 y 10.000 soldados (...) es un universo humano muy difícil de controlar, se retiran relativamente jóvenes con pensiones bajas y eso los hace presa de oportunidades económicas mejores".

Según la opinión del coronel Marulanda, lo ocurrido en Haití, “es un caso típico de reclutamiento” de ex militares colombianos por parte de empresas privadas para adelantar operaciones en otros países.

Eso no es nuevo, las denuncias tienen ya bastante tiempo, en mayo de 2011 el diario The New York Times, reveló que un avión con docenas de ex militares colombianos aterrizó en Abu Dabi, para engrosar un ejército de mercenarios contratados por la firma estadounidense Blackwater para custodiar activos importantes para los Emiratos Árabes.

El mismo diario reveló en el 2015, que cientos de colombianos estaban combatiendo a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes.

Sólo que ahora, en la presidencia de Iván Duque, con el ejercicio de entrega voluntaria de soberanía más escandaloso que se haya registrado en la historia de este continente, todas estas operaciones se han incrementado exponencialmente, hasta el punto que la cesión de soberanía ya no es sólo al gobierno de los EEUU sino a su poderosa industria privada militar.

Deben los pueblos de las Américas reaccionar y convocar una Conferencia Internacional Extraordinaria para tratar ésta situación y declarar a Colombia como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad continental”, para los pobladores de nuestra América.