23 Jun, 2022 | La pasada semana, el Consejo Legislativo del estado Cojedes, suspendió de sus labores a una Legisladora, por presuntamente participar, en un ataque contra el autoproclamado Juan Guaidó

De igual manera la Cámara Municipal de San Carlos, suspendió de sus actividades, a dos Concejales del PSUV, por estar incursos en la misma situación.

En ambos casos, la medida obedece a la participación de estos representantes del PSUV en los hechos de protesta que se registraron el pasado sábado 11 de junio en un restaurante de San Carlos, donde el “Presidente Guaidó” fue abucheado y sacado del sitio.

Se han presentado escenas similares en otros estados, donde militantes de la misma oposición, han sacado a silletazo limpio a este señor, junto a sus acompañantes, porque dentro de la propia oposición reconocen el daño, que este individuo ha hecho a todos los venezolanos.

Nos parece raro, que al auto proclamado, en todas partes, lo han ido corriendo de los actos políticos montados para él; y ahora como están 3 chavistas en la protesta, son sancionados en el ejercicio de sus cargos de representación popular.

No nos extrañaría, que salgan ahora a imputarle, a estos Concejales y a la Legisladora, entre otros, el cargo de “Magnicidio en grado de frustración contra el Presidente Guaidó”; y los mismos sean juzgados y condenados por “los Magistrados en el exilio”.

Todos saben, que Guidó donde llega es a provocar, porque ya sus adeptos han pasado la página y entendido que apoyarlo fue el mayor daño que le han hecho a nuestra nación.

Pero si hablamos de imputación, ¿se imaginan a cuantas personas de oposición tendrían que poner presa por atacar con sillas y otros instrumentos al auto proclamado y su pequeño grupito?, en los actos que hemos conocido recientemente, en todos los sitios donde se ha presentado a realizar asambleas y lo han sacado a palo limpio.

Lo cometido por el Consejo Legislativo de Cojedes es un acto atroz, desde el punto de vista jurídico. Si la Legisladora en cuestión cometió algún delito lo único que establece la Ley de los Consejos Legislativos los de los estados, en su artículo 9 es: “El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, autorizará de manera privativa el enjuiciamiento del legislador o legisladora a quien se le impute la presunta comisión de un hecho punible y, previa autorización del Consejos Legislativo Estadal, podrá ordenar su detención”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, tampoco otorga la facultad de suspensión de los Concejales, aunque deja abierta tal situación en el artículo 95, donde establece: “Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal: … 16. Imponer, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana y las leyes, las sanciones de suspensión e inhabilitación para el desempeño del cargo de concejal o concejala”. En este caso, aunque pudiesen pegarse por allí para la suspensión de los Concejales, no es únicamente decir “Los suspendemos”; sino, que tienen que levantar un informe muy bien fundamentado, donde se demuestre que han incumplido con sus funciones o de alguna forma expuesto públicamente a la Cámara Municipal, en el desempeño de sus funciones; y este no es exactamente el caso. Primeramente, hay que revisar si la Ordenanza de funcionamiento de la Cámara Municipal establece tal figura, si dicha Ordenanza no fue creada recientemente para sancionar a estos Concejales, y además, de estar establecido, que el hecho que se le impute sea realmente punible o atente contra las funciones de la Cámara Municipal.

En nuestro caso, desde esta columna “El Acidito”, prepondríamos, le sea otorgada una condecoración a nuestros Concejales y Legisladora, por tener el valor de protestar públicamente contra un ser que ha traicionado la nación y robado nuestros recursos; que no debería solo ser protestado en todas partes, sino apresado y condenado en consecuencia por los delitos cometidos.