4 Ago, 2022 | Según un informe de la comisión de empalme del presidente electo, con la saliente administración de Iván Duque, conocido el pasado primero de agosto, así serían los 100 primeros días del Gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con las prioridades del próximo Gobierno en diferentes sectores y según su impacto en la sociedad colombiana.

Efectivamente, el pasado lunes terminó el proceso de empalme entre el Gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro, el cual, según el informe ejecutivo, se llevó a cabo con 2.853 personas durante cinco semanas continuas, implicando la participación de 23 sectores, 11 mesas transversales y más de 190 entidades.

En el informe se definieron cuáles serán las prioridades del próximo Gobierno, que empezará el próximo 7 de agosto y que plantea acciones urgentes basadas en su impacto directo en variables como empleo, desigualdad, garantía de derechos y protección al medioambiente, entre otras.

En primer lugar, queda claramente establecido que tanto la reforma tributaria como la reforma pensional, serán de máxima prioridad. Junto con otros temas en la agenda de Gobierno que también serán de suma importancia en diferentes sectores. Veamos.

Minas y Energía: se contempla declarar una moratoria minera que permita revisar el cumplimiento de las obligaciones mineras, ambientales y económicas por parte de los actuales concesionarios. Además, se buscaría establecer el potencial del país en materia de minerales estratégicos para la transición energética y búsqueda de mecanismos que permitan su explotación y uso en la industria local.

Igualmente, se revisarán los acuerdos de coordinación y concurrencia suscritos por la Agencia Nacional Minera con los alcaldes. Se diseñaría un nuevo modelo minero que se ajuste a las prohibiciones y restricciones ambientales y los esquemas de ordenamiento territorial. Por otra parte, se promovería una reforma a la Ley de transición energética y al Código de Minas.

Salud: se plantea también una gran reforma. Se tomaría una drástica decisión con respecto a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que incumplen indicadores financieros y se impulsará una recuperación económica de hospitales y clínicas. También se planea dar inicio a un modelo preventivo y predictivo, que tiene soporte en el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) y en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), así como en un plan de compras centralizadas de medicamentos de alto impacto.

En materia de problemas de salud pública como mortalidad materna, mortalidad infantil y mortalidad por desnutrición, se iniciará un plan de intervenciones de choque.

Anticorrupción: declaran como prioritario lograr la aceptación del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para establecer una oficina de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia. Se harán públicas las agendas de altos funcionarios del ejecutivo y se solicitará a los congresistas de la bancada de gobierno que repitan esta iniciativa. También se hará un inventario de lobistas.

Planeación: habrá un amplio proceso participativo en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo las medidas, mecanismos y metodologías para la recolección de insumos de ciudadanos, grupos sociales, funcionarios y entidades.

Educación: se revisará la propuesta de ampliación de la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas del Sistema Universitario Estatal (SUE): avanzando en un proceso de concertación entre la nación y el SUE como primera etapa del fortalecimiento de las universidades públicas.

Agropecuario: junto con la Cancillería, se retomará la iniciativa para enviar una comunicación conjunta al Sistema de Naciones Unidas y manifestar la voluntad unilateral del jefe de Estado, de adoptar e implementar la Declaración de los Derechos del campesinado. También se reglamentará la Ley 2183 de 2022 para la adopción de la política nacional de fertilizantes, con un especial énfasis en los productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Justicia: se diseñarán estrategias para obtener la libertad de las personas detenidas en el marco de la protesta social.

Cultura: destaca el lanzamiento de un proyecto de cine en alianza con Netflix, con enfoque diferencial de género que beneficiará a los territorios del Chocó, San Andrés, Caquetá, Sucre y Cauca. Además, se declarará a la Sierra Nevada de Santa Marta como Patrimonio.

Defensa e Interior: se buscará la articulación entre ambos sectores, y se diseñará un plan de emergencia para la protección a la vida de los líderes sociales. Para ello, se adoptará por decreto un plan de emergencia de protección y seguridad para las personas que ejercen liderazgo social, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y comunidades afectadas por la actual agudización de la crisis humanitaria.

Función pública: que las prácticas cuenten como experiencia laboral y la homologación de la experiencia laboral por educación.

Deportes: se presentará un plan de trabajo en la agenda legislativa para presentar una nueva Ley del Sistema Nacional del Deporte, Recreación y Actividad Física y Escenarios (DRAFE).

Presidencia: se creará un grupo de recursos humanos que apoye al presidente para la selección de los cargos de primer nivel.

Juventud: se considerará la condonación de los créditos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, de al menos 4.500 jóvenes que se encuentran en la categoría de “incobrabilidad”. Además, se anunciaría la “matrícula cero” en 2023.

Paz: En sus primeros 100 días de gobierno el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, buscará la reanudación de la negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa de ese país y anunciará formalmente su voluntad de buscar una “paz total”, con lo que se espera un impulso al desarme de varios grupos ilegales para frenar el ciclo de violencia que no terminó luego de la firma del histórico acuerdo de paz en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En lo que respecta a las relaciones entre Colombia y Venezuela, recordamos que el pasado 29 de julio, luego de una reunión entre el canciller designado de Colombia Álvaro Leyva y el ministro de relaciones exteriores venezolano, Carlos Farías, celebrada en el despacho del gobernador Freddy Bernal, en San Cristóbal, estado Táchira, se anunció el acuerdo de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones colombo-venezolanas con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares entre ambos países, a partir del 7 de agosto, tras la posesión del presidente electo, Gustavo Petro, como primer paso para la reapertura de la frontera entre el Departamento del Norte de Santander y el estado Táchira.

Luego de los primeros 100 días, amanecerá y veremos.