7 Mar, 2024 | El pasado 5 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó las elecciones presidenciales constitucionalmente previstas para este 2024, para el próximo 28 de julio.
En esta oportunidad la actuación del CNE, estuvo precedida por un ejercicio de ciudadanía nunca antes registrado en la vida democrática de nuestro país. Por iniciativa de la Asamblea Nacional (AN), los más diversos sectores de la vida nacional expresaron sus inquietudes, manifestaron sus criterios y en un acto realizado en la sede del Poder Legislativo nacional el pasado 28 de febrero, más de 150 venezolanos, entre quienes se encuentran los representantes de las organizaciones político partidistas que obtuvieron algo más del 85% de los votos de los venezolanos en las mega elecciones regionales y municipales de noviembre 2021, así como los máximos líderes de organizaciones sociales, económicas culturales y religiosas, entre otros sectores de la vida de nuestro país, suscribieron el “Acuerdo Nacional sobre las Garantías Electorales y el Calendario de los Comicios Presidenciales 2024”, ahora mejor conocido como el “Acuerdo de Caracas”, el cual fue consignado al CNE.
Este acuerdo amplió y perfeccionó los acuerdos suscritos en la isla de Barbados, con la facilitación del reino de Noruega, entre los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y los representantes de un sector de la oposición, agrupado en la plataforma unitaria (PU) y, además los nutrió de mayor legitimidad al incorporar al resto de los sectores políticos, económicos y sociales de nuestro país.
Por cierto, la fecha acordada por unanimidad en el directorio del CNE, está enmarcada en los acuerdos de Barbados, que recomiendan el segundo semestre de este año para la realización de las presidenciales.
Al tiempo, a pesar que se conocía de las intensas y extensas jornadas de trabajo que dieron origen al “Acuerdo de Caracas”, los sectores más radicales de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pedían a la comunidad internacional que presionara para que se fijara la fecha de las elecciones. Para ir posicionando un falso positivo en el mundo, insinuando que el gobierno nacional no quería elecciones.
El CNE convocó los comicios para el 28 de julio, y ese sector de la oposición, el que se agrupa en la Plataforma Unitaria, que suscribió Barbados, pero no quiso firmar en Caracas, quedó desconcertado, cuestionando la fecha porque todavía no ha resuelto como salir de la situación en la que está “entrampado” por la señora María Corina Machado, quien está inhabilitada para participar en esta contienda electoral.
Ese es el verdadero problema ¿Qué mecanismo utilizar para sustituir a la señora Machado?
Se entregaron al voluntarismo y ahora, quienes en ese sector parecen estar definitivamente persuadidos que la solución a la crítica situación política de nuestro país es electoral y constitucional, están atrapados por el chantaje de quienes por razones estrictamente “tácticas”, participaron en la elección primaria convocada por ese sector para escoger candidato presidencial, esperando una nueva oportunidad para transitar nuevamente por el camino del atajo y el derrocamiento violento del gobierno.
A partir del instante en que el CNE convocó las presidenciales, comenzamos a adentrarnos en un terreno peligroso, donde se comprobará la sinceridad del discurso y el talante democrático, de todos y cada uno de los sectores que integran la PU.
Inmediatamente, salió el inefable Juan Guaidó, actuando como jefe político y de campaña “in pectore”, convocando para el próximo 21 de marzo al CNE, para inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, a sabiendas que ese acto no podrá materializarse.
¿Quién o quienes están detrás de la convocatoria de Guaidó? ¿Están conscientes que esa invitación puede desencadenar una peligrosa escalada de violencia preelectoral? ¿Lo están haciendo para provocar la violencia? ¿Quieren deslegitimar las elecciones presidenciales del 28 de julio?
¿Será la violencia el final del cual hablaron desde el principio?