5 Ene, 2017 | Desde hace varios meses, la prensa europea abunda en consideraciones alrededor de un término acuñado por el Diccionario Oxford: la llamada post-verdad pretende explicar fenómenos como el Brexit, cuyas simplificaciones sacudirán por un muy buen tiempo los bytes. Al parecer, el neologismo estelar tiene por origen la desatención y negación del cambio climático, a pesar de las evidencias científicas.

Por más que las realidades sigan un curso insobornable, la tendencia prevaleciente es la del auto-engaño que las suplanta o dice suplantarlas, agravándolas. E, irremediable, la verdad misma, tozuda e irremplazable, se convierte en una tarea inmensa de reivindicación a contrapelo no sólo de los intereses políticos, sino de los propios medios que obtienen grandes dividendos al contrariarla, versionarla y dosificarla.

Caso muy cercano, a finales del año recién concluido, la canciller venezolana resolvió con un Tweed el demasiado efímero y tormentoso tránsito por la presidencia pro tempore de Mercosur que, circunscrito al anuncio, jamás se materializó.

Sin embargo, empleada ventajista o ventajosamente la herramienta, evitando la incomodidad del más ligero cuestionamiento personal, dijo olvidar las razones de fondo que condujeron a la suspensión de Venezuela, escenificando una vergonzosa comedia en la sede de la organización, y condensando la gestión en la resaltada “dimensión social y de DDHH del bloque”.

La post-verdad, también tildada meta-verdad, es un elegante eufemismo que ayuda a entronizar la mentira, cultivándola con una prestancia que debe escandalizar, por cierto, distinta a la sempiterna demagogia. E, incluso, nos remite a las reflexiones que un destacado jurista, como Peter Häberle, ha aportado en torno a la verdad como un derecho fundamental que, en medio de los más duros conflictos, ha generado y universalizado sendas comisiones que procuran buscarla en el marco de las transiciones políticas, esforzándose en resarcir – ante todo – moralmente a las víctimas; y, más allá, a prevenir y confrontar la razón de Estado que, a la postre, lleva al extremo totalitario de la producción de “no verdades”.

La mejor garantía que tienen las realidades para el reconocimiento y la nombradía que reclaman, está en el libérrimo debate que emprenda las mejores perspectivas que nos acerquen a la verdad. En el caso venezolano, principia con la urgente realización del Estado Constitucional, evitando repetir experiencias como las que aún – enfermizamente – no concluyen, dinamitando el propio lenguaje.