El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. / Foto: EFE

5 Jul, 2017 | Madrid. El Gobierno español reclamó hoy "sensatez" ante el anuncio de los independentistas catalanes de un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre, a la vez que insistió en impedir la consulta mediante la aplicación estricta de la ley.

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pidió hoy confianza en el futuro a los catalanes "sensatos y moderados" frente a los "delirios autoritarios y frentistas" de los que desafían al Estado democrático.

El Gobierno independentista catalán, apoyado por la coalición Junts pel Sí y la CUP, dio ayer un paso más en su escalada independentista y anunció la futura ley catalana de Referéndum de Autodeterminación.

Esta norma prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña -una de las regiones más ricas de España con 7,5 millones de habitantes- antes de 48 horas si ganara el "sí" en un eventual referéndum, que la justicia española considera inconstitucional y el Gobierno de Madrid insiste en impedir.

En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría ya ha advertido de que "al Estado le bastan 24 horas para recurrirla (la ley del Referéndum) y obtener su paralización".

En declaraciones a Efe garantizó que el referéndum independentista "no se va a celebrar, ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada".

Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, afirmó hoy que la legislación española "no es válida" porque no respeta los tratados internacionales ratificados por el Estado, a los que apelan para reivindicar su "derecho de autodeterminación".

De momento, el Ejecutivo catalán planea debatir esa norma en agosto y votarla en septiembre en el Parlamento regional, donde cuenta con mayoría.

El Gobierno de esa región sigue la táctica de apurar al máximo los plazos legales para entorpecer la reacción del Ejecutivo español, que de manera sistemática recurre todas las decisiones ante los tribunales, que hasta ahora se han pronunciado a favor de la legalidad constitucional.

La última decisión la tomó hoy mismo el Tribunal Constitucional, que por unanimidad declaró inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista convocado para el 1 de octubre, después de que fueran recurridas por el Gobierno español.

El Ejecutivo central recurrió también la pasada consulta soberanista que se celebró en noviembre de 2014 ante el Tribunal Constitucional (TC), que ordenó suspenderla.

Como a pesar de ello tuvo lugar una consulta informal, fueron condenados a inhabilitación tanto el anterior presidente catalán, Artur Mas, como dos miembros de su ejecutivo por desobedecer al TC.

Respecto al planeado referéndum independentista, los tres últimos expresidentes del Gobierno español, Felipe González, José María Aznar y Jose Luis Rodríguez Zapatero, apoyaron hoy la legalidad constitucional y rechazaron la propuesta de consulta.

Por su parte, la portavoz de los socialistas en el Congreso, Margarita Robles, consideró este miércoles que la futura ley de referéndum presentada ayer es "políticamente un sinsentido y jurídicamente un disparate", y acusó al presidente catalán, Carles Puigdemont, de situar a Cataluña "en parámetros absolutamente propios de una dictadura".

Robles, exmagistrada del Tribunal Supremo, consideró que los partidos independentistas "están con anuncios, puestas en escena y 'performances'" como la de ayer en Barcelona para "dilatar al máximo el acto jurídico", porque ellos "saben que no es válido desde ningún punto de vista de un Estado de derecho en cualquier democracia".

El aumento del independentismo catalán y la convocatoria de un hipotético referéndum secesionista es el principal desafío al que se enfrenta la política española en la actualidad.

El gubernamental partido Popular (PP, centroderecha), que se encuentra en minoría con el Congreso español, cuenta en este asunto con el apoyo de los socialistas (PSOE), principal partido de la oposición, así como de los liberales de Ciudadanos.

Por su parte, Podemos (izquierda) tercer grupo del Congreso, es contrario a la independencia catalana pero defiende una consulta pactada para conocer la opinión del pueblo catalán.